Un fallo histórico para la jurisprudencia argentina fue el caso "Arriola" (2009), en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la penalización del consumo personal de cannabis es inconstitucional. Este veredicto ha sentado un precedente clave en materia de derechos individuales y la política de drogas, al afirmar que el Estado no tiene derecho a interferir en la vida privada de las personas cuando no hay daños a terceros.

El caso comenzó cuando Sebastián Arriola, junto con otras personas, fue detenido en Rosario, Santa Fe, con posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal. Según la Ley 23.737, la tenencia de drogas estaba tipificada como delito, incluso en casos de autoconsumo, lo que llevó a su procesamiento. Sin embargo, el caso escaló hasta la Corte Suprema, donde los magistrados decidieron en una votación unánime declarar que criminalizar a los consumidores va en contra de los principios constitucionales de privacidad y autonomía.

El tribunal, presidido por el juez Ricardo Lorenzetti, estableció que "cada adulto es libre de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, siempre que no afecte derechos de terceros". Este principio se enmarca en los derechos y garantías contemplados por la Constitución Nacional Argentina, particularmente en el artículo 19, que protege las acciones privadas de los individuos.

El fallo Arriola ha abierto un debate profundo sobre la política de drogas en Argentina, impulsando movimientos para revisar la legislación actual, especialmente la Ley 23.737. Activistas y expertos en derechos humanos celebraron la decisión como un paso hacia la despenalización del consumo de sustancias y una oportunidad para repensar el enfoque de salud pública sobre las adicciones.

Sin embargo, el fallo también dejó abierta la puerta a futuras discusiones sobre la regulación del cannabis y el rol del Estado en su control, lo que aún genera divisiones en la sociedad y dentro de los sectores políticos. La Corte fue clara en remarcar que su decisión no implica la legalización de la marihuana, sino la protección del ámbito privado del individuo frente a la injerencia estatal.

Este fallo ha tenido un impacto significativo en las discusiones sobre el consumo personal de drogas en otros países de la región, incluyendo Paraguay, donde el caso Arriola es visto como un referente para avanzar en políticas menos punitivas y más enfocadas en la salud pública.