Virina Villanueva, la diputada más millonaria, también presentó un amparo para ocultar sus empresas
La diputada Virina Villanueva (ANR) presentó un amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para bloquear la entrega de información sobre las empresas en las que figura como accionista o beneficiaria final. El caso no solo reabre el debate sobre transparencia en el poder político, sino que también se suma a una lista creciente de figuras públicas que intentan evitar el acceso a datos que por ley deben ser públicos.
Villanueva, identificada por Parámetro como la diputada con mayor fortuna del Congreso, ya había declarado ante la Contraloría General de la República que posee participaciones en varias compañías, entre ellas Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A.. Sin embargo, ahora busca impedir que se confirme esa misma información a través del Ministerio de Economía, generando una contradicción directa con su propia declaración jurada. Este pedido de acceso fue realizado por Alfredo Guachiré, director de Parámetro, en el marco de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública.
Un amparo contra la transparencia
El Ministerio de Economía confirmó oficialmente la presentación del amparo mediante el Informe N.º 1318/2025, de la Dirección de Personas y Beneficiarios Finales. En el documento se señala que la diputada Villanueva promovió una acción judicial “con la finalidad de impedir la publicación de datos y documentos de la sociedad y sus directores, accionistas y beneficiarios finales”. El expediente, caratulado como “Amparo constitucional promovido por Virina Mauricia Villanueva Vda. de Peña contra el Ministerio de Economía y Finanzas”, fue registrado bajo el número SIME 82956/2025 y tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Vigésimo Quinto Turno.
La acción judicial tiene un efecto inmediato: suspende la entrega de información hasta tanto se resuelva el fondo del caso, bloqueando temporalmente los registros públicos de las empresas vinculadas a la diputada. Este tipo de medidas ya fue utilizado en los últimos años por figuras de alto perfil económico para blindar sus datos empresariales, a pesar de que la Ley 5282/14 establece con claridad que los bienes y participaciones de los funcionarios públicos son de carácter público y deben estar disponibles para consulta.
Empresas declaradas y contradicciones
En su declaración jurada de bienes y rentas, presentada en julio de 2023 ante la Contraloría, Villanueva declaró un activo total de 250.425 millones de guaraníes (USD 33 millones) y reconoció ser accionista y garante de las empresas Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A., entre otras. Sin embargo, el contenido del amparo parece desconocer esa misma información, como si existieran otros vínculos que no fueron incluidos en su declaración ante la Contraloría.
En sus documentos patrimoniales, la diputada figura además como codeudora de préstamos bancarios otorgados a las empresas en las que tiene acciones, lo que significa que su patrimonio personal respalda de manera directa las operaciones financieras de las mismas. Este detalle refuerza el vínculo entre su fortuna personal y el desempeño económico de las compañías.
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Contratos firmados durante su mandato
A pesar de su condición de funcionaria pública, las empresas vinculadas a Villanueva siguieron contratando con el Estado después de su ingreso al Congreso. Nipon Automotores S.A. firmó un contrato con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) el 6 de diciembre de 2023, y otro con la Municipalidad de San Lázaro el 28 de junio del mismo año. Ambos contratos constan en el portal de Contrataciones Públicas y fueron firmados cuando Villanueva ya ocupaba su banca.
La Ley 7089/23 de Prevención de Conflictos de Interés prohíbe a los funcionarios públicos mantener intereses económicos directos o indirectos en empresas contratistas del Estado. Aunque la diputada no haya firmado los contratos personalmente, su doble rol de accionista y garante de una empresa proveedora la ubica dentro de una zona de riesgo ético y jurídico.
Silencio del MEF y respuesta del entorno
Previo al amparo, Parámetro había solicitado al MEF la nómina de sociedades donde Villanueva figura como beneficiaria final. El pedido, presentado el 4 de septiembre de 2025, no fue respondido dentro del plazo legal. Semanas después, el Ministerio confirmó que la información fue retenida por orden judicial debido al amparo interpuesto por la diputada.
El abogado Óscar Tuma, en representación de Villanueva, respondió públicamente a las investigaciones de Parámetro, afirmando que “no existen irregularidades” y que se evaluarán acciones legales contra quienes “difundan insinuaciones falsas o difamatorias”. No obstante, los contratos firmados por Nipon Automotores con entidades estatales contradicen esa versión. Las adjudicaciones están documentadas y disponibles en el sistema oficial de Contrataciones Públicas, y los datos sobre la participación de la diputada provienen de sus propias declaraciones juradas.
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Una diputada millonaria bajo reserva judicial
Con un patrimonio que supera los USD 33 millones, Villanueva lidera el ranking de los diputados más ricos del país, seguida por Jorge Sebastián Barressi, Jazmín Narváez, Luis María González Vaesken y Yamil Esgaib. La diputada de Concepción no solo concentra la mayor fortuna del Congreso, sino que ahora intenta mantener en reserva judicial la información sobre sus empresas.
El amparo promovido por Villanueva se suma a los casos de Horacio Cartes, Antonio Biersi y Miguel Vázquez (Ueno Bank), todos dirigidos a bloquear la entrega de información pública sobre sociedades y beneficiarios finales. El patrón es claro: los mayores patrimonios del país recurren al poder judicial para blindar su transparencia, incluso cuando la ley los obliga a rendir cuentas.
Es absolutamente falso que la diputada Virina Villanueva haya incrementado su patrimonio a partir de funciones vinculadas a la Municipalidad de San Alfredo.
— Oscar Tuma (@oscartuma) October 20, 2025
De existir crecimiento de su fortuna es consecuencia directa de la gestión empresarial propia y familiar, desarrollada… pic.twitter.com/SjzfT98TOL
