La diputada Virina Villanueva (ANR) presentó un amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el fin de bloquear la entrega de información sobre sus empresas y bienes. La acción judicial fue confirmada por el propio Ministerio tras una solicitud presentada por Alfredo Guachiré, director de Parámetro, en el marco de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública.
Villanueva ya había sido mencionada en el artículo anterior de este medio, titulado “Los diputados más ricos y su patrimonio en duda”, donde se detalló que declaró un activo total de ₲250.425 millones (USD 33 millones) y reportó participación en tres compañías: Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A.. El objetivo de la solicitud presentada por Guachiré era verificar si efectivamente la diputada solo figura en esas tres firmas o si existen otras empresas a su nombre o bajo su control. Con la presentación del amparo, ese contraste queda suspendido: solo una orden judicial o un examen de correspondencia en la Contraloría permitirán confirmar el alcance real de sus vínculos societarios.
Un amparo contra la transparencia
El Ministerio de Economía y Finanzas informó oficialmente el 20 de octubre de 2025, tras la publicación del caso por este medio titulado "MEF oculta datos sobre Virina Villanueva, la diputada más millonaria y de dudosos bienes", que la diputada Villanueva promovió un juicio de amparo “con la finalidad de impedir la publicación de datos y documentos de la sociedad y sus accionistas”. El expediente fue registrado como “Amparo constitucional promovido por Virina Mauricia Villanueva Vda. de Peña contra el Ministerio de Economía y Finanzas”, bajo el número SIME 82956/2025, y tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Vigésimo Quinto Turno.
Amparo presentado por Virina villanueva
El comunicado ministerial, recibido por correo institucional, indica que el MEF suspendió la entrega de información hasta que el juzgado se expida sobre el fondo del caso. De esta forma, los registros públicos sobre los vínculos societarios de la diputada quedan temporalmente bajo reserva. La medida judicial implica, en la práctica, una excepción a la transparencia que la propia Ley 5282/14 garantiza a la ciudadanía, al establecer que los bienes, ingresos y participaciones de los funcionarios públicos son de carácter público.
Empresas declaradas y contradicciones
En su declaración jurada presentada en 2023 ante la Contraloría, Villanueva declaró ser accionista y garante de las empresas Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A., además de figurar como codeudora de préstamos bancarios otorgados a esas compañías. Esto significa que utiliza su patrimonio personal para respaldar operaciones financieras de las mismas, lo que refuerza su relación directa con los negocios privados.
Sin embargo, al promover un amparo para evitar que el Ministerio de Economía confirme o amplíe esa información, la diputada introduce una contradicción jurídica y ética: si ya declaró públicamente sus vínculos empresariales, no existe fundamento legal para impedir que esa información sea verificada o completada. A no ser, como señalan especialistas consultados, que existan otras sociedades no declaradas o activos empresariales que aún no fueron incluidos en su declaración jurada.
Contratos firmados durante su mandato
Pese a su condición de funcionaria pública, las empresas vinculadas a Villanueva continuaron contratando con el Estado después de su ingreso a la Cámara de Diputados. Nipon Automotores S.A. firmó un contrato con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) el 6 de diciembre de 2023, y otro con la Municipalidad de San Lázaro el 28 de junio del mismo año. Ambos documentos se encuentran en el portal de Contrataciones Públicas y fueron firmados durante su mandato parlamentario.
APK de Nipon Automotores
La Ley 7089/23 de Prevención de Conflictos de Interés prohíbe a los funcionarios públicos mantener intereses económicos directos o indirectos en empresas contratistas del Estado. Aunque la diputada no figure como firmante en los contratos, su doble rol de accionista y garante de una empresa proveedora la ubica en una situación de riesgo ético y jurídico.
El entorno y los documentos
El abogado Óscar Tuma, representante de Villanueva, respondió públicamente tras las publicaciones de este medio, afirmando que “no existen irregularidades” y que se evaluarán acciones legales contra quienes “difundan insinuaciones falsas o difamatorias”. No obstante, los contratos firmados por Nipon Automotores con instituciones públicas están disponibles en los registros de Contrataciones Públicas y confirman los vínculos comerciales señalados.
Los documentos muestran que los contratos fueron adjudicados cuando Villanueva ya ejercía su banca en la Cámara de Diputados. En su propia declaración ante la Contraloría, la diputada reconoció ser accionista y garante de la empresa que obtuvo esas adjudicaciones. Los datos provienen de documentos oficiales y de las bases del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
Una diputada millonaria bajo reserva judicial
Villanueva encabeza el ranking de los diputados más ricos del país, seguida por Jorge Sebastián Barressi, Jazmín Narváez, Luis María González Vaesken y Yamil Esgaib. Con un patrimonio declarado de más de USD 33 millones, la diputada de Concepción no solo concentra el mayor caudal económico de la Cámara Baja, sino que ahora busca mantener bajo reserva judicial la información sobre sus empresas y bienes.
Virina Villanueva y Horacio Cartes
El caso de Villanueva se suma a los de Horacio Cartes, Antonio J. Vierci y Miguel Vázquez (Ueno Bank), quienes también recurrieron a acciones judiciales para bloquear el acceso a información pública sobre sus vínculos empresariales. Este patrón de amparos refuerza la idea de una estructura de poder que se protege a sí misma mediante los tribunales, en un país donde la ley garantiza el derecho ciudadano a conocer el origen y la evolución del patrimonio de sus autoridades.
