En Paraguay, el sistema penitenciario no solo está sobrecargado: también es opaco y desigual. A junio de 2025, 19.345 personas están privadas de libertad en un sistema que tiene capacidad para 10.434. La diferencia, de 8.911 internos por encima del límite, equivale a una sobrecarga del 85%. Pero el dato más alarmante no es solo la cantidad, sino su condición legal: 12.191 de ellas están procesadas sin condena firme, es decir, el 63% del total. Son personas que aún esperan una sentencia definitiva, en su mayoría encerradas en espacios que duplican o cuadruplican su capacidad máxima. En un informe elaborado por Parámetro con datos oficiales de junio 2025, se detallan las cifras más crudas del sistema carcelario.
Procesados sin sentencia y celdas saturadas
Según el informe, hay 11.579 hombres y 612 mujeres procesados sin condena, frente a 6.690 hombres y 464 mujeres condenadas. Esto significa que 2 de cada 3 personas encarceladas aún no tienen una sentencia firme. El uso extendido de la prisión preventiva refleja una tendencia estructural: muchas veces se recurre a esta medida de forma automática o por falta de alternativas judiciales, lo que afecta principalmente a quienes no cuentan con defensa privada ni condiciones para acceder a mecanismos sustitutivos.
La sobreocupación se refleja en el índice ocupacional, que se obtiene dividiendo la cantidad real de internos por la capacidad oficial. Un valor superior a 1,00 indica sobrepoblación; valores como 2,00 o 4,00 reflejan hacinamiento crítico.
El caso más extremo es el de Emboscada, que tiene capacidad para 408 personas pero alberga a 1.723, con un índice de 4,22. Le siguen Ciudad del Este (2,72), San Pedro (2,28), Padre Juan A. de la Vega (2,42) y Concepción (1,93). Solo Minga Guazú, con índice 0,32, está lejos del colapso.
Personas privadas de libertad en una cárcel de Paraguay. Foto: MNP
Enfermos, embarazadas y perfiles vulnerables
El hacinamiento no afecta a todos por igual. El informe revela que 292 personas privadas de libertad son indígenas, lo que representa aproximadamente el 1,5% del total de la población carcelaria. En muchos casos se desconoce qué tipo de asesoramiento legal reciben o cuál es el estado de sus procesos judiciales. La falta de traductores, la escasa información sobre sus derechos y las barreras culturales pueden limitar su capacidad de defensa, especialmente en zonas donde no existen mecanismos interculturales.
También hay 615 personas con trastornos mentales y 78 con algún tipo de discapacidad, en un sistema sin capacidad médica ni programas de atención especializada.
Las condiciones sanitarias agravan la situación. Se registran 541 personas con tuberculosis, 125 con VIH y 103 con sífilis. En ambientes cerrados, sin ventilación ni diagnóstico regular, el riesgo de contagio es alto.
Respecto a las mujeres, se identificaron 12 internas embarazadas y 21 niños que viven con sus madres dentro de los establecimientos. El Buen Pastor aloja a 509 mujeres, sobrepasando su capacidad de 470. Penales como Juana de Lara o Serafina Dávalos también superan el 90% de ocupación.
Otro grupo poco visibilizado lo conforman las 36 personas que se identifican como LGTBIQ+, quienes muchas veces enfrentan aislamiento, discriminación o falta de garantías específicas. A esto se suman 476 personas de la tercera edad, para quienes el encierro prolongado representa un riesgo adicional debido a su condición física o de salud. En total, 147 personas están aisladas, aunque no se precisa si por razones disciplinarias, sanitarias o de seguridad.
Los datos muestran que las cárceles del país albergan a una población diversa y frágil, sin que existan protocolos específicos para atender sus necesidades. El uso extendido de la prisión preventiva, sumado al hacinamiento y la falta de medidas alternativas a la reclusión, expone a Paraguay a críticas frecuentes en organismos internacionales. Informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre los efectos de este modelo punitivo.
A pesar de los diagnósticos reiterados, las reformas estructurales siguen pendientes. Los datos revelados por Parámetro confirman que las cárceles operan muy por encima de su límite físico y legal, y que una gran parte de los internos está sin condena. El desafío no es sólo carcelario, sino judicial y social: reducir el uso de la prisión preventiva, ampliar el acceso a la defensa y repensar el sentido de la pena son parte del debate que el país aún no termina de asumir.
